OTRAS INQUISICIONES: Ciudad Juárez

Por: Pablo Cabañas Díaz

 

En Ciudad Juárez, frente al repunte de violencia el alcalde independiente Armando Cabada anunció que su secretario de Seguridad Pública, el ex fiscal general del estado –en el gobierno de César Duarte que concluyó el 3 de octubre-, Jorge González Nicolás, cuenta con una “estrategia especial” para contener la violencia en esa franja fronteriza. El presidente municipal no ofreció más detalles de los operativos, y solo se concretó a informar que su secretario de seguridad y los mandos policiacos a su cargo sostuvieron una reunión con elementos del Ejército, independiente de la mesa central de seguridad que se realizó en la capital del estado el pasado 13 de octubre, en la sede del gobierno, y que fue  presidida por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Desde el 6 de octubre, cuando el alcalde de Juárez, anunció la designación de González Nicolás, el gobernador Javier Corral, rechazó el nombramiento por falta de confianza en el ex fiscal, cuya gestión y manejo de recursos presupuestales están bajo auditoría luego de que se detectó el pago de facturas con sobreprecios en el mantenimiento del parque vehicular de mil 500 patrullas, compras de equipo como chalecos, parque para armamento, y un sin de anomalías .

En un período que comprende de 1993 hasta 2016, la violencia en Ciudad Juárez, evoca dos ejemplos de la misma: el feminicidio y los “asesinatos por ejecución” o “ajuste de cuentas” en un contexto de ausencia de Estado y contienda bélica. Para México uno de los grandes y más graves problemas es la incapacidad del Estado para proveer de seguridad humana a su ciudadanía; quienes viven en Ciudad Juárez, la han visto y padecido.

La ciudadanía de la frontera norte de México, experimenta una carga de consternación por la pérdida de vidas humanas y un costo económico muy grave debido a los actos delictivos que suceden en la región convertida en un camposanto y en un territorio sin ley. Son cientos de  cadáveres dejados “al descuido” los que simbolizan la ganancia o pérdida de territorios y la distinción entre las buenas y las malas zonas, cotos feudales o provincias diseñadas para vivir o morir.

La estrategia de minimizar el impacto que la disputa territorial entre cárteles tiene sobre la población civil, que  se inicia el sexenio pasado continúa en  con el gobierno de Peña Nieto, y puede ser que precisamente sea esa  política de comunicación la que de manera contradictoria al fin que se busca, siga creando la certidumbre de falta de protección a la experimentada en muchas comunidades. Se requiere la necesaria certidumbre que debe brindar el Estado mexicano que hasta hoy, en muchas comunidades esta cuando ausente.

 

Almomento.mx

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