No tiene la culpa el indio

MIKEL ARRIOLA ESTRATEGIA PARA FORTALECER ATENCIÓN MÉDICA

Por: Martín Omar Aguilar

Tal parece que el titular del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, sigue cosechando éxitos con las auditorias y revisión a las auditorias concluidas. Ahora, salen a relucir millonarios desfalcos con Adjudicación Directas.

El Órgano Interno de Control, encabezado por Marco Antonio Andrade Silva, revisa en forma escrupulosa la compra hecha en 2013 de 107 Neuroestimuladores para pacientes con mal de Parkingson.

La investigación compromete en forma directa a Carlos Freddy Cuevas García, director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital Siglo XXI y al director administrativo, Jorge Murillo Rosales.

Ambos, gastaron 29 millones de pesos en 107 Neuroestimuladores, con un contrato vigente del 20 al 31 de marzo de 2013, pero que en forma extraña y violatoria se modificó el l 1ro., de abril fuera de los once días de vigencia.

Además, los equipos quedaron en guarda y custodia del proveedor, cuando estos debieron colocarse en forma gradual, con un inventario planeado con pacientes debidamente evaluados por un Comité Técnico y una relación de cirugías; trabajo que nunca se hizo.

La empresa proveedora Stendhal, del controvertido empresario Carlos Arenas, entregaría al menos 74 Neuroestimuladores sin cumplir con la caducidad de 12 meses. Alrededor de 30 tenían no más de seis meses de vigencia.

Por si fuera poco, dos expedientes de pacientes a los que se les implantó el Neuroestimulador cerca del cerebro no se localizaron. Se presume simulación e, incluso, desvío del equipo. Cada pieza tiene un valor promedio de 271 mil 028 pesos y en el “mercado negro” hasta el triple.

Estos presuntos desvíos se suman a la pérdida de 500 frascos de Botox –en el mismo hospital– de los cuales nunca se conoció su destino.

Los hallazgos traerán consecuencias; primero, tendrá que haber ceses e inhabilitaciones y, segundo, óptima utilización de recursos en beneficio de miles de derechohabientes.

Tal parece que el titular de la PGR, Raúl Cervantes sigue en el ojo del huracán, ya que altos funcionarios de la PGR son investigados por manipular y alterar expedientes del litigio que sostienen el titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida vs Carlos Mauricio Salazar Douglas, quien fuera su Coordinador General de Administración en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

Los servidores públicos atropellando el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Debido Proceso han involucionado el trabajo del Ministerio Público Federal y retornaron a la época de las pesquisas. Estos, de una “imputación” por una supuesta tentativa de extorsión de 3 millones de pesos, nunca investigada ni probada, degradaron el caso y, al no encontrar sustento, lo han llevado al terreno de “lavado de dinero” y “fraude fiscal”.

La Visitadora, Adriana Campos López y la fiscal que indaga Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Ana Lilia Gazanini García, ambas de la PGR, ya conocen el asunto, pues las denuncias llegaron a sus manos los días 29 de mayo y 28 de julio de 2017.

Los funcionarios señalados y servidores públicos son: Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Oficina del titular de la PGR y Jorge Nader Kuri, director general de Control de Averiguaciones Previas; además de varios subalternos.

El caso detonó el pasado 6 de julio, cuando la dirección de la Unidad de Documentación y Análisis de la oficina del procurador, Raúl Cervantes Andrade, dio entrada a dos denuncias penales contra el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, y otros servidores públicos.

Las querellas fueron promovidas por Carlos Mauricio Salazar Douglas, quien acusa a su ex jefe de asociación delictuosa, tráfico de influencias, falsedad en declaraciones y acciones contra la administración de justicia, amparado en su alta posición.

Salazar Douglas reveló que el director general de Inspección Federal del Trabajo de la JFCA, Rogelio Miguel Figueroa Velázquez, de manera orquestada y falsa, se prestó para ser “testigos falso” e imputarle pretender extorsionar, al titular de la Secretaría del Trabajo, con 3 millones de pesos a cambio de no revelar información que dañara su imagen.

Las peticiones ilegales de dinero se le harían a Figueroa Velázquez en el Sport City de Santa Fe, entre el 8 y 12 de diciembre de 2014 y en el restaurante Puerto Madero de Polanco, el 27 de marzo de 2015. En la primera fecha (imprecisa) Salazar Douglas no estuvo en dicho centro deportivo, pues dejó de ser socio en agosto de ese año y; el segundo supuesto encuentro, no podría ser en virtud de que Salazar Douglas se encontraba en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Figueroa también imputó a Salazar Douglas filtrar información de una serie de viajes al extranjero hechos por el secretario. Sin embargo, esta información se publicó desde el 1 de mayo con motivo del día del trabajo. El periodista que hizo las publicaciones tuvo réplicas y contrarréplicas con el titular del Trabajo y nunca se mencionó a Salazar.

Como no se pudo vincular a Salazar Douglas con las filtraciones, un año después de haber abandonado su cargo se le iniciaron los procedimientos administrativos PAD/34/2015 y PAD/37/2015, por el supuesto nombramiento de dos directores generales. Estos recursos concluyeron en una inhabilitación de 15 y 10 años consecutivos.

El pasado 10 de marzo, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, dejó sin efecto la inhabilitación y ordenó a las autoridades competentes restituir los procedimientos en todas sus etapas.

Salazar Douglas asegura que la animadversión del secretario Navarrete en su contra es porque no se sometió a sus “caprichos” y en cambio hizo desprecios.

Pero lo más grave y relevante consiste en la alteración de su comparecencia de fecha 12 de septiembre de 2016 ante la Unidad de Análisis Financiero visible en las fojas folio 0537, 0538 y 0539 del Tomo IV y que además obra en copia certificada en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

Ante estas irregularidades, la Visitaduría General de la PGR ordenó por oficio DGDCPSPI-V-07/2017 de fecha 13 de junio de 2017 se llevara a cabo la inspección física de las constancias originales.

La diligencia se programó, inicialmente, para el 4 julio de 2017, pero esta no se desahogó. Ante ello, por segunda ocasión, la Visitaduría General de la PGR notificó por oficio VG/DGCSPI/655/2017 del 21 de julio de 2017, que la inspección física de las constancias se llevaría a cabo el 27 de julio de 2017 en la unidad de Análisis Financiero, lo cual nuevamente fue impedido por su titular Crisógono de Jesús Díaz Cervantes.

El pretexto, incompetencia del área para conocer el asunto, solo que ya van dos meses y nadie quiere que se conozca el contenido de la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/60A/2015 (Antes) AP/PGR/UEAF/013/2016 (ahora), ya que ahí se comprobará que se violó el Debido Proceso.

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