Coordenadas Políticas

Va por la Senaduría Adriana

Raymundo Arreola a la Junta

Iniciativa de Enriquecimiento

En los próximos días la diputada priísta del distrito I de La Piedad, Adriana Hernández Íñiguez, solicitará licencia por tiempo indefinido a la LXXIII Legislatura del Estado de Michoacán, para buscar una curul en el Senado de la República en las próximas elecciones federales del 2018.

Ante la eminente salida de Hernández Iñiguez quedará bacante la presidencia de la junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y ya se perfila la llegada del diputado del distrito XXII de Múgica, Raymundo Arreola Ortega, porque es el que más experiencia tiene.

Habría que recordar que Raymundo Arreola ya fue el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado y presidente de la mesa directiva y los resultados fueron positivos y para no dividir  a los legisladores priísta en la LXXIII Legislatura no busco la presidencia de la Junta.

Raymundo Arreola siguió enfocada un su función como diputado y en las últimas semanas ha presentado varias iniciativas para beneficio de Michoacán y de los michoacanos, amén de que siempre ha mostrado disposición y respecto a lo que el partido y los diputados priístas, determinen que tendrá que hacer.

Por cierto el diputado como parte de los temas tratados en la pasada Asamblea Nacional Priísta sobre el  “rescatar” y el compromiso que existe por parte del PRI respecto del combate a la “corrupción”, presentó una iniciativa de ley para castigar el enriquecimiento ilícito en el Estado de Michoacán.

Ojalá y que esta iniciativa que consiste en el incremento del patrimonio de los funcionarios públicos con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no lo puede justificar sea analizada y aprobada, para acabar con el saqueo de recursos públicos  en el estado, que ha ocasionado la crisis financiera que padece Michoacán.

Este delito está contemplado sólo en algunas legislaciones del país y se enmarca dentro de la política criminal de lucha contra la corrupción en el sector público y está contemplado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción.

El enriquecimiento ilícito se configura como un instrumento que puede ser eficaz para hacer frente a la corrupción política, pese a que existen bastantes voces discordantes con este delito porque puede vulnerar derechos humanos al invertir la carga de la prueba del origen de los bienes que incrementan el patrimonio del empleado público debiendo este acreditar la procedencia lícita.

Por otro lado, no es posible que los responsables del saqueó de recursos económicos y la crisis económica del Estado de Michoacán anden como si nada hubiera pasado, cuando deberían de estar en la cárcel en primera instancia los ex gobernadores perredistas, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, así como los priístas, Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero, entre otros funcionarios de sus administradores que de la noche a la mañana se hicieron ricos y obligarlos a que regresen el dinero que se llevaron.

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