Sendero Político: ¿Nuevo código de Justicia Administrativa?

Se pretende dar mayor funcionalidad a los procedimientos instaurados

Desvergonzados los diputados del PAN

Privilegiar el diálogo y atender las demandas de los ciudadanos: Roberto Carlos

José Cruz Delgado

Vaya que José Antonio Meade Kuribeña ya levantó revuelo en Michoacán pues su nombre llegó a la sede del Congreso del Estado, ya que el legislador priista Raymundo Arreola Ortega, al tocar el tema de la corrupción cito: “Habrá un combate frontal y definitivo a la corrupción. Ni un solo peso al margen de la ley. Ningún privilegio más que el de ser mexicano”, palabras pronunciadas por pepe, si pepe Meade, primer ciudadano postulado al cargo de Presidente de la República por un partido político, orgullosamente lo digo, es mí partido el PRI.

Es necesario expedir un nuevo Código de Justicia Administrativa que incluya todas aquella reformas recientemente hechas en la implementación del Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, como  todos aquellos criterios de interpretación hechos por los Tribunales Federales que impactan tanto en el actuar e interpretación  en la justicia administrativa local pero, sobre todo, en los procedimientos administrativos ante autoridades locales estatales y municipales.

En este contexto, Arreola Ortega, señaló que el pasado 18 de julio del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el marco normativo que conforma el sistema estatal anticorrupción, el cual constituye un paso toral para responder a la demanda nacional y local de combatir, en todos sus ámbitos, la corrupción reforma la cual impacto varios ordenamientos jurídicos a nivel local, entre ellos el código de justicia administrativa dotando de legalidad a los magistrados del tribunal de justicia administrativa para el conocimiento de los asuntos de actos graves de corrupción estableciendo incluso un procedimiento especial para la tramitación de los expedientes que se tramitaran respecto de esta materia anticorrupción.

Si bien es cierto que se ha cumplido con el mandato constitucional de la instauración del nuevo sistema estatal anticorrupción, cierto es que nuestro actual código data de hace diez años, y que en el dictamen de aprobación de las reformas en comento única y exclusivamente se ocuparon de la adecuación del código en cuanto a la instauración de esta nueva materia, sin embargo con base a la reforma constitucional de derechos humanos del año 2011, impactó de manera general todas las materias en cuento a la interpretación de criterios en el actuar de todas las autoridades y sobre todo de todas las legislaciones, entre ellas, la de materia administrativa, tan es así que el Poder Judicial de la Federación desde nuestro órgano máximo de impartición de justicia ha dictado múltiples jurisprudencias, que impactan obligatoriamente en la interpretación que hacen los tribunales administrativos tanto del propio Poder Judicial de la Federación como los del orden federal y estatales en materia administrativa, lo que conlleva a actualizar dichos criterios de interpretación en la norma local de la materia como lo es el código de justicia administrativa a efecto de dotar de plena certeza jurídica no solo a los operadores jurídicos encargados de aplicar dicho documento normativo como son autoridades administrativas y jurisdiccionales, sino a la ciudadanía en general que en determinado momento deba hacer uso de esta herramienta ya sea por un procedimiento administrativo o jurisdiccional.

Es por ello que el diputado plantea la necesidad de expedir un nuevo código de justicia administrativa que incluya todas aquella reformas recientemente hechas en la implementación del nuevo sistema estatal anticorrupción como todos aquellos criterios de interpretación hechos por los tribunales federales que impactan tanto en el actuar e interpretación en la justicia administrativa local, pero sobre todo en los procedimientos administrativos ante autoridades locales estatales y municipales.

En la presente propuesta se incluyen tópicos inexistentes como derechos y obligaciones de los ciudadanos, obligaciones a las autoridades administrativas, formalidades y plazos de los procedimientos administrativos, entre otros, abonando con ello al respeto irrestricto de los derechos humanos de los gobernados, lo que sin duda generará certidumbre jurídica.

Se pretende darle mayor funcionalidad a los procedimientos instaurados tanto por las autoridades administrativas frente a particulares, y los ventilados en el tribunal de justicia administrativa, principalmente en el recién instaurado Sistema Estatal Anticorrupción, tales como: -competencia para recibir y resolver asuntos de responsabilidad administrativa grave por parte de los servidores públicos de la administración pública local, competencia para recibir y resolver asuntos que involucren a los servidores públicos de los organismos descentralizados, cuando estén relacionados con alguno de los actos de corrupción calificados como graves por la ley de la materia e imponer sanciones a los particulares que intervengan en actos de corrupción, así también, es importante señalar las nuevas figuras jurídicas que incluirá este ordenamiento y que lo convertirán en un instrumento muy útil para resolver las controversias que son competencia del tribunal, entre otras destacan las siguientes: procedimiento del juicio tradicional, procedimiento del juicio sumario, procedimiento de responsabilidades administrativas graves, procedimiento del juicio en línea y finalmente, en la iniciativa de reformas se suprimen disposiciones que son violatorias de los derechos de debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia, consagrados por los artículos 14, 16 y 17 de la constitución federal. por el ejemplo, en el juicio sumario, se establece que si la parte actora no comparece a la audiencia de pruebas, se le tendrá por desistido de su acción, en tanto si la demandada no comparece, se dice que se tendrán por ciertos los hechos de la demanda. En la iniciativa, se propone modificar dicho texto, para prever que si el actor o demandado no comparecen a la audiencia de pruebas, el único efecto de su incomparecencia, es tener por no ofrecidas las pruebas, lo que garantiza este nuevo paradigma de los derechos humanos garantizando plenamente la equidad procesal de las partes.

Por cierto, en un clima de respeto y diálogo, el diputado Roberto Carlos López atendió las demandas de los integrantes del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas (Cococam), quienes este miércoles se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado, por lo que se logró desactivar el bloqueo y reactivar la circulación.

El legislador tricolor pidió privilegiar el diálogo y atender las demandas de los ciudadanos, como parte del quehacer que tienen los servidores públicos en compromiso con los ciudadanos.

“Se debe apostar al diálogo para que la ciudadanía se vea afectada lo menos posible ante reclamos que pueden ser justos en su origen, pero que requieren otro tipo de gestiones para encontrar soluciones”, dijo el diputado, al referirse a los más de 300 manifestantes de esta organización, que bloquearon por espacio de una hora la avenida Madero en sus cruces con Morelos y Pino Suárez, frente al Congreso del Estado.

El legislador priísta tuvo la oportunidad de atender a los campesinos que demandan atención de las autoridades competentes, y tras un diálogo entre ambas partes, acordaron el desbloqueo de la vialidad para conformar una comisión representativa que sirva como enlace con las autoridades competentes en la materia.

“Siempre hay que apostar al diálogo y la atención oportuna de los grupos que se manifiestan, tienen el derecho de ser escuchados y que expresen su sentir, sin embargo, también debemos pensar en los derechos de terceros para evitar situaciones de enfado y molestia que sólo originan división social” resaltó el congresista.

Los panistas carecen de toda vergüenza, pues sucede que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Miguel Ángel Villegas Soto, precisó que en el combate al problema, el Poder Legislativo trabajó en la implantación del Sistema Estatal Anticorrupción, para lo cual fue necesario crear dos nuevas normativas, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, además se reformaron la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado;  Ley de Fiscalización Superior de Michoacán; Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; así como el Código Penal y el Código de Justicia Administrativa ambos del Estado de Michoacán, esto con el fin de dar mayor certeza  y transparencia en el ejercicio público.

Los panistas no tienen vergüenza, sucede que Miguel Ángel Villegas Soto, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, dijo que la base de una sociedad son sus valores éticos y morales, los cuales reflejan la identidad de un estado y lo impulsan para tener un mejor desarrollo, por lo cual resulta necesario fomentar e inculcarlos, además de combatir el gran problema que atenta contra la armonía de Michoacán, como lo es la corrupción, por ello, el Congreso del Estado ha sido el eje principal para la erradicación de dicho flagelo.

Lo que este nefasto legislador no dijo es que se prestó para que la gris diputada Macarena Chávez, junto con la priista Yarabí Ávila impusieran al auditor especial de la Auditoria Superior de Michoacán que está a cargo de José Luis López Salgado quien se siente intocable porque conoce los desvíos de algunos diputados que fueron alcaldes y no lo pueden remover pese a que ciudadanos están pidiendo juicio político en su contra, además que hace favores “especiales” a los legisladores quienes colocan a su gente de confianza en dicha dependencia convirtiéndose en una agencia de colocaciones, y aun así se atreve hablar de honestidad este panista que junto con los de su bancada buscan intereses personales apoyados por el diputado federal y mal querido Marko Cortés Mendoza a quien los michoacanos repudian por su mentiras.

Y bueno tal y como lo habías anunciado en una entrega anterior, los diputados integrantes aprobaron en forma unánime las reformas a la Constitución  Política  del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, mediante las cuales se elimina el fuero constitucional a todos los servidores públicos del gobierno del estado, legisladores locales y presidentes de los organismos autónomos.

De igual forma también fueron aprobadas las reformas y adiciones a la Leyes Orgánica y de Procedimientos del Congreso, así como a la de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos en las que se permite   salvaguarda  a  los  legisladores  para  que  no  puedan  ser reconvenidos  ni  ser  sujetos  de  responsabilidad  por  las  opiniones,  propuestas  legislativas  o  votos  que  emitan  en  el  ejercicio de su encargo.

Y quien se subió al tren sin que lo invitaran fue el diputado perredista Antonio García Conejo, hermano del gobernador Silvano, al señalar que la determinación del pleno del Congreso de Michoacán contribuye a recuperar la confianza de la ciudadanía, como si hubiera contribuido en esta iniciativa, pero como siempre, quiere aprovechar los reflectores porque quiere buscar otro cargo político.

Para las y los diputados del PRD puntualizó era fundamental eliminar el fuero, ya que con ello también se abona a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, al quitar los obstáculos para combatir de manera frontal la corrupción en todas las esferas y poderes.

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