EN REDONDO: Desampara EU a 1.2 millones; serán deportados

Mario Ruiz Redondo

Resultado de imagen para deportacion euLa mentalidad inhumana y racista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reflejará con mayor rudeza entre los primeros  meses de 2018 y mediados de 2019, cuando haga efectiva la deportación de más de un millón 200 mil personas, la mayoría jóvenes a los que se conoce como dreamers (soñadores), protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), así como por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Inicio de la segunda semana de 2018, con un mandatario que despectivamente llama “cafés” a los inmigrantes de piel morena y a quienes que asesta un golpe cruel, en este caso a las ilusiones de por lo menos 200 mil  de origen salvadoreño, al anunciar su gobierno la cancelación del TPS, que evitaba su expulsión, desde su salida forzada de la nación centroamericana en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, por la guerra civil que amenazaba sus vidas.

La amenaza de la desintegración familiar se cierne sobre este conglomerado humano que integra también a aquellos que fueran acogidos en la Unión Americana, luego de dos devastadores terremotos ocurridos en 2001, ante el riesgo de tener que separarse de sus hijos nacidos en ese territorio y que por lo mismo poseen la ciudadanía que hace inviable legalmente, ser echados del país como sus padres.

Retiro oficial de la protección humanitaria, que será todavía efectiva a mediados de 2019, en que de no obtener el permiso legal de residencia, deberán abandonar suelo estadounidense por la fuerza, al ser declarados indocumentados y ordenarse su persecución y captura mediante razzias masivas.

Se estima que un 51% de los salvadoreños con TPS han vivido en el vecino país del norte, durante al menos 20 años. Un 88% de ellos trabajan y un 10% se han casado con estadounidenses. Una cuarta parte de los salvadoreños vive en California y una quinta en los suburbios de la ciudad de Washington.

Nueva ofensiva de cancelaciones que se integra a la realizada por la administración Trump el pasado mes de septiembre, en contra de cinco mil 300 nicaragüenses, protegidos tras el huracán Mitch de 1998, así como a mil sudaneses, aplicado de igual forma en noviembre a 59 mil haitianos, a los que se brindó ayuda migratoria como consecuencia del devastador movimiento telúrico de 2010.

Será en julio de 2018, en que Trump definirá el futuro de 86 mil hondureños, una vez que se le informe si es seguro que retornen a su país, inmerso en la violencia provocada por miles de pandillas “maras”, que mantienen asolada a esa nación, sea por tráfico de drogas, extorsión, asesinatos o violaciones sexuales.

El Estatus de Protección Temporal fue creado en 1990 y beneficia a migrantes de 10 países, a los que se han concedido visados y permisos de trabajo limitados a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales. En el papel se establece que al arribar a territorio estadounidense, no podrán ser deportados, pero deja la responsabilidad al Departamento de Seguridad Interior, para decidir si renueva o no este beneficio.

Hoy esta institución federal argumenta que en el caso de los salvadoreños, las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen, por lo que debe cancelarse la protección. Nueva expulsión que se agregará a la efectuada en los dos últimos años, de otros 39 mil catrachos.

Pero la parte más grave de lo que viene, es la concerniente a la cancelación de protección gubernamental otorgada a un estimado de 800 mil jóvenes que ingresaron de niños a la Unión Americana, de manera ilegal, a los que ahora se conoce como dreamers o soñadores, a los que el gobierno de Barack Obama extendió en junio de 2012, un salvoconducto oficializado con el nombre de Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

Decisión del todopoderoso magnate presidente, por demás monstruosa, decretada el martes y de septiembre de 2017, contra todos aquellos que acogidos por la administración Obama, que hubiesen entrado al país antes de cumplir los 16 años; haber tenido menos de 31 años antes del 15 de junio de 2012 y no haber tenido estatus legal migratorio previo a la misma fecha.

Otro de los requisitos para los beneficiados eran el haber residido continuamente en la Unión Americana desde el 15 de junio de 2007 y hasta la actualidad, además de estar escolarizados o licenciados del ejército y no tener el antecedente de condenas por algún delito, ni suponer una amenaza para la seguridad nacional.

La administración Obama dejaba muy claro que este plan migratorio no ofrecía ningún estatus legal permanente ni suponía ningún paso para obtener la ciudadanía estadounidense.

Una medida solidaria de la gestión demócrata, que permitió diferir cualquier acción sobre el estatus migratorio por un período de dos años, con posibilidad de renovación, que permitía detener los procesos de deportación, así como facilitar permisos de trabajo y licencias de conducir para los beneficiarios, que en la actualidad son 800 mil.

Todavía en noviembre de 2014, el presidente Barack Obama intentó extender este programa para agregar a los migrantes indocumentados, que hubieran entrado a la Unión Americana antes de 2010 y eliminar el requisito de los 31 años de edad, lo cual no fue posible, debido al fallo de un Tribunal Federal a estas pretensiones.

Y ante la decisión de su sucesor de cancelar el DACA, quien ocupara ocho años la Presidencia de los Estados Unidos, abanderando la causa del Partido Demócrata, elevaría su voz en su página de Facebook, para criticar a Trump, al afirmar que “tomar como objetivo a jóvenes luchadores que crecieron aquí, está mal porque no han hecho nada malo”, calificando la medida como cruel.

Inicio ese martes 5 de septiembre de 2017, del principio de una grave crisis emocional para ese casi millón de jóvenes, de los cuales un 76 por ciento son de origen mexicano, que aguardan para la primera semana de marzo el cumplimiento de los seis meses de “gracia” como beneficiarios, tiempo en el que el Congreso de Estados Unidos determinará desde la perspectiva legislativa, el desenlace legal de los dreamers.

Por lo pronto, Donald Trump ha dispuesto la cancelación de los beneficios del DACA, situación que se volverá más extrema si el Congreso no dispone lo contrario, considerando que los republicanos han pugnado por acordar una reforma migratoria radical, por lo que la posibilidad final de que este programa de protección a los “soñadores”, termine y con él la deportación masiva de jóvenes considerados como valiosos y de beneficio para los intereses de la Unión Americana.

Problemática convertida en foco de interés de la Fundación de Mark Zuckeberg, presidente de Facebook (FWD), y del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), que estiman que desde el anuncio de la conclusión del DACA, alrededor de mil beneficiarios han perdido cada día su empleo.

Por lo menos diez mil estudiantes en 11 estados de la Unión Americana perderían a sus maestros si se cancela el Programa, lo que ha motivado una reacción de más de 500 universidades y centros de estudio superior, al firmar una carta para pedirle a la Casa Blanca que despeje la nube de miedo sobre los estudiantes indocumentados, al grado de que prestigiadas Universidades como la de Harvard, la de Columbia y de Nueva York, contrataron abogados especialistas en inmigración para resolver las dudas de los dreamers.

Generación de corrientes de opinión muy importantes a favor, como la de la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, quien no dudaría en aseverar que la decisión del presidente Trump, era un contundente golpe contra los jóvenes y brillantes soñadores y todos aquellos que valoran el Sueño Americano, por lo que convocó a sus colegas republicanos que mantienen mayoría en ambas Cámaras, a sumarse para salvaguardar de inmediato a los beneficiarios del DACA.

Pero el explosivo y arbitrario carácter de Trump, está decidido a consolidar su rechazo a la inmigración latinoamericana, desconociendo que los crecientes desplazamientos de seres humanos en el mundo acumulan 345 millones, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, que estima de igual manera en 65 millones el número de refugiados.

La propia ONU no olvida tampoco que Estados Unidos, es la nación en el planeta con mayor número de inmigrantes en situación irregular, por lo que ha censurado el retiro de Washington del Proyecto para las Migraciones, cuyo objetivo es alcanzar en 2018 un pacto internacional que garantice la gestión humanitaria de los movimientos migratorios y de refugiados, aprobado en 2016 por los 193 país que integran este organismo.

Crítica a Donald Trump, de que con esta decisión prosigue su agenda de aislacionismo geopolítico que le ha llevado a abandonar los Acuerdos de París contra el Cambio Climático y a romper el Acuerdo Comercial del Pacífico que Barack Obama había suscrito.

El jefe de la Casa Blanca no entiende la importancia que tiene para mantener el respeto de la comunidad internacional, el cumplir con el cumplimiento de los compromisos adquiridos, por constituir la piedra angular de las relaciones entre países.

El dictador estadounidense, al que no importa el descenso de su popularidad y aceptación ciudadana, está decidido a cumplir al precio que sea, sus decisiones arbitrarias que traerán desgracia y muerte, especialmente a salvadoreños y hondureños, al regresar a sus países dominados por la corrupción y los contubernios del crimen organizado que mantienen en la zozobra y muerte al llamado “Triángulo del Norte” de Centroamérica, que incluye a Guatemala.

Deportaciones anunciadas de mexicanos indocumentados, que sin duda incluirán a miles de chiapanecos que huyeron de la pobreza predominante en el medio rural chiapaneco y que al retornar se convertirán en un punto muy importante de interés para la delincuencia

organizada que opera con toda amplitud y seguridad en el territorio estatal.

En la mira, como el propio magnate inmobiliario y presidente lo ha adelantado, más de 11 millones de compatriotas que radican indocumentados en la Unión Americana, donde han encontrado mejores oportunidades de vida y que ahora mismo representan una fuente de divisas estratégica para el país y la economía familiar.

Donald Trump está obsesionado en afectar la estabilidad emocional y económica, de quienes saben que en sus lugares de origen en México, no tendrían las mismas oportunidades de trabajo y de desarrollo. Una conducta por demás terrorista e inclemente y demencial, que en este caso ocupa la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica.

Hora de que el Gobierno de México mantenga una posición más digna y que el canciller Luis Videgaray deje a un lado sus temas de campaña política y alce la voz, junto con el presidente Enrique Peña Nieto, para defender la causa de nuestros hermanos al otro lado de la Frontera Norte. Es lo menos que podrían hacer.

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