ESCARAMUZAS POLÍTICAS: Han vuelto a desatar el infierno contra AMLO

Gloria Analco
Andrés Manuel López Obrador, en el presente proceso electoral, está recibiendo un trato como si estuviera en el banquillo de los acusados dentro de un sistema penal acusatorio, a punto de recibir la emisión de órdenes de arraigo por estar cometiendo “pecados imperdonables”.
Sin duda, en la persona de AMLO, como más se le menciona, se han cometido grandes violaciones a sus derechos políticos en procesos electorales llenos de inconsistencias, con el continuo desprecio a la Constitución, a las leyes electorales y a los tratados internacionales que México ha firmado.
En los furibundos ataques a la figura de AMLO por parte del establishment, también se han violentado los derechos políticos de las y los ciudadanos, principalmente el de elegir libremente a “nuevas autoridades”, en sustitución del grupo en el poder que ha estado dominando el espectro político en los últimos 30 años, desde que Carlos Salinas de Gortari arribó al poder en 1988.
Prácticamente podría decirse que a López Obrador le han suspendido sus derechos políticos en dos elecciones presidenciales consecutivas -2006 y 2012-, por negarle su derecho a proponer libremente su proyecto de nación, darle los poderes fácticos un trato de delincuente de cara al público, y robarle las dos elecciones.
La forma en que está implementándose el actual proceso electoral tampoco está obedeciendo al libre juego electoral, sino que se ha constituido nuevamente en una ofensiva de todo el establishment que, aliados, intentan estrangular cualquier intento para que AMLO llegue al poder, y además declarado abiertamente, contraviniendo leyes y normas.
La afrenta no es sólo contra López Obrador, sino sobre todo contra el pueblo de México, pues esas fuerzas ahora desatadas pretenden elegir por él a la figura presidencial, trasgrediendo la esencia misma de la democracia.
En el ambiente político-electoral, el establishment busca hacer sentir en la población que son “delitos graves” las propuestas de AMLO, de manera que considere incluso que sus supuestos “desproporcionados planteamientos” ameritarían que sea eliminado de la contienda electoral. Ése es el clima de rechazo a su figura que intentan crear.
De paso, el grupo en el poder trata de hacer creer que son sólo ellos los únicos facultados y capaces de decidir sobre los importantes asuntos de la nación, a pesar de las pésimas cuentas que están entregando por su gestión.
Es un grupo compacto que actúa como si las instituciones y las políticas públicas les pertenecieran, sin aceptar injerencia de nadie más, y de ahí que tengan la intención de evitar –con los recursos del propio Estado- que otro grupo político venga a transformar la agenda nacional e influir en la acción política para darle otro rumbo al país, negando el sistema democrático que, aunque con mañas, los llevo al poder.
Hay que decir que la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la OEA el 11 de septiembre de 2001, tiene la capacidad de sancionar a los Estados miembros que falten al ejercicio efectivo de la democracia representativa.
¿Podría considerarse una falta a la democracia intentar evitar que una figura política llegue al poder por métodos que transgreden las leyes del derecho constitucional, electoral y normas internacionales?
La Carta de la OEA establece que los Estados Miembros “son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”, y considera elementos esenciales de la democracia el acceso al poder, su ejercicio con sujeción al estado de derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, así como el respeto a los derechos humanos.
Durante mucho tiempo ha tenido lugar la discusión sobre si los derechos políticos son o no derechos humanos, y los juristas han llegado a la conclusión que los derechos políticos son los de “primera generación” porque tratan fundamentalmente de la libertad y la participación en la vida política, ya que sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado.
Los derechos políticos fueron consagrados por primera vez a nivel global por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Están, por tanto, reconocidos y protegidos por el derecho internacional.
En México, de poco o nada, le han servido esos derechos a Andrés Manuel López Obrador, quién ahora contiende por tercera vez consecutiva en unas elecciones presidenciales, en las cuales la controversia en torno a su figura política ha sido la característica principal en esos procesos, y en el presente no es la excepción.
Los derechos políticos de las y los ciudadanos mexicanos están consagrados en el Artículo 35 de la Constitución, donde también se abunda en el respeto irrestricto de los derechos político-electorales, esencialmente el derecho a votar y ser votado.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sustituyó al Cofipe en mayo de 2014, recoge el espíritu de la Constitución sobre ese tema y establece “el derecho de los ciudadanos a ser votados para todos los puestos de elección popular…”
Y algo más: “El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores”.
Esa ley tiene su Código de conducta, en el cual se establecen infracciones a los involucrados en unas elecciones si incurren, entre otras cosas, en propaganda político-electoral que contenga expresiones que denigren a los participantes.
Además, no estaría de más que AMLO fuera al Conapred -la autoridad encargada de aplicar e interpretar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación- a denunciar el trato diferenciado que está recibiendo en el proceso electoral presidencial.
Esa ley tiene la finalidad de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación en contra de cualquier persona, y AMLO, sin dudarlo, está siendo discriminado en sus derechos humanos por los poderes fácticos que, todos en montón, están haciendo todo lo posible para sacarlo del juego político.
En el ideal de la democracia, todos los votos y votantes deben ser iguales, pero en la realidad mexicana sólo es una leyenda, ya que en los intereses inmiscuidos en la elección presidencial la legalidad de ninguna manera va ligada a la legitimidad, lo que deja en evidencia un proceso electoral sin contenido moral ni ético, y eso sí, enaltece su simulación.
Lo que está sucediendo actualmente en el proceso electoral tiene su antecedente en la llegada del español Antonio Solá a las filas de Felipe Calderón, en 2006, para explotar la campaña del miedo y toda la campaña televisiva en contra de AMLO, y que dejó en claro que el ejercicio del voto no sería limpio.
Solá es el prototipo de los mercenarios de las campañas políticas antidemocráticas, pues no es la estrategia inteligente la que utilizan sino explotar la inseguridad, sembrar el miedo y los odios sociales en el electorado para que opten por el candidato del grupo que los contrató.
Se acabó el gobierno de Calderón y el ejercicio electoral de 2012 volvió a quedar a merced de los mismos grupos oligárquicos, Televisa jugó a favor del PRI y anuló sus spots nuevamente a AMLO, y se desempolvó a Solá con su campaña del miedo y el rumor.
El lugar de Solá lo vino ahora a ocupar el venezolano J.J. Rendón, considerado un estratega al estilo de aquel, que tiene la encomienda de aniquilar con propaganda negra al líder de Morena.
En el fondo se trata de perpetuar al mismo grupo en el poder en una dictadura que se sostenga con el fraude electoral y que busca mantener el pluralismo político mexicano estancado.
Los tiempos no cambian, vemos nuevamente al Ejecutivo a favor abiertamente de su candidato sosteniéndolo con recursos ilícitos, a Vicente Fox otra vez a la carga contra AMLO, como todos los demás del sistema en un juego sucio, y la llegada de un asesor “prominente”, como la de Rendón.
En medio de esta repetición, está la posibilidad de que tarjetas similares como las de Soriana y Monex, repartidas en 2012, sean toleradas por el sistema electoral, lo cual está a la espera de lo que decida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El grupo en el poder ha podido imponer su voluntad hasta ahora, a pesar de la extrema baja de popularidad de Enrique Peña Nieto, dentro de un autoritarismo disfrazado de sistema democratizado, pero que se desenvuelve bajo las reglas de “cooptar y sobornar”.
¿Lo que ocurra en la fecha histórica del próximo 1 de julio será la excepción?

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