EN REDONDO: Genocidio sin freno en Nicaragua

Por: Mario Ruiz Redondo

Las estimaciones de muertes en el transcurso de una guerra, siempre serán aproximadas, pero generalmente las cifras reales suelen ser todavía más dramáticas, como en Nicaragua, en que el genocidio cometido por la Guardia del dictador Anastasio Somoza Debayle, superó con creces los más de 50 mil muertos que se reconocen oficialmente.

Me tocó de septiembre de 1977 a julio de 1979, informar como enviado especial a la nación centroamericana, por medio de las páginas del periódico EXCELSIOR de la ciudad de México, la tragedia que enlutaría para siempre al heroico e insurrecto pueblo nicaragüense que enfrentó y venció con las armas, la Dinastía represora que permaneciera en el poder cuatro décadas.

Vivir intensamente las jornadas guerrilleras, a partir del primer contacto con la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación  Nacional, iniciado con una llamada a la redacción del Periódico de la Vida Nacional, entonces líder en Latinoamérica, de la poeta Thelma Nava, esposa del también hombre de letras Efraín Huerta, en la que me convocaba a tomar un café en el restaurante Sanborn´s, ubicado en Paseo de la Reforma y La Fragua.

Ahí concertaríamos la entrevista con Humberto Ortega Saavedra, miembro de  la Dirección Nacional del reorganizado Frente Sandinista de Liberación  Nacional (FSLN), en un muy apartado lugar que ubicaría como “Montañas de Nicaragua”, en la que el hermano del hoy presidente Daniel Ortega Saavedra, anunciaría al mundo el retorno de la actividad guerrillera para derrocar la dictadura somocista.

Humberto, mantendría hasta el final, su condición de combatiente radical en el Frente Sur del FSLN, en la Frontera con Costa Rica, empuñando las armas en contra de los represores, en una guerra sin cuartel, mientras el ahora mandatario no asumiría con la misma intensidad el rol de la guerra de guerrillas urbana y rural, como los otros ocho comandantes rebeldes.

Baño de sangre ilimitado en los dos últimos años de sobrevivencia del régimen dictatorial que atacaría con todo el apoyo militar estadounidense, las trincheras del levantamiento armado lo mismo en la zona del Atlántico, el Centro o el Pacífico, donde los focos de resistencia se sumaban en un todo nacional.

En su momento difundimos los reportes de las muertes de jóvenes guerrilleros de origen mexicano, entre hombres y mujeres, que habían sucumbido ante las balas de la metralla de la Guardia Nacional o de aviones T-33 de la Fuerza Aérea de Somoza.

Intensidad de una guerra en la que no hubo tiempo de registrar las estadísticas de los rebeldes muertos al desangrarse en las calles de Masaya, León, Matagalpa, Chinandega o Managua, al impedir las fuerzas  gubernamentales que fueran atendidos por la Cruz Roja o los familiares o correligionarios.

Por centenas las víctimas de la infame agresión, que el enviado especial vería en refugios clandestinos o en las instalaciones de la benemérita institución en la capital nicaragüense, donde no solamente los jóvenes guerrilleros daban testimonio de su lucha, con graves lesiones en sus cuerpos, lo mismo que amputaciones de brazos o piernas.

Días finales de la guerra en julio de 1979, en los que la masacre contra todo un pueblo era tal, que como pudo constatar el ahora columnista, la gente enterraba a sus muertos en los patios de sus casas, ante la imposibilidad de llevarlos al camposanto. Destacaban las pequeñas tumbas de niños, con cruces adornadas con los calcetines y zapatos de estas víctimas inocentes.

Imágenes de las barricadas que el pueblo construía en las esquinas, con adoquines arrancados de las calles para defenderse de los soldados enemigos y que de pronto eran barridos por los disparos de los tanques militares, que lo mismo atacaban las fachadas de casas de templos católicos.

Son las mismas que erigen 39 años después, los ex guerrilleros, sus hijos, nietos y pueblo en general, para protestar por la implantación de una nueva dictadura, creada por Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo, acompañándolo como vicepresidenta, sustentada como en el pasado, en la represión, violencia sistematizada y genocidio, que en los primeros 100 días del actual movimiento opositor, apoyado al igual que en el pasado por la Iglesia y los empresarios, suma más de 460 asesinatos, la mayoría de jóvenes e incluso niños y adolescentes.

Ya en el retiro, el ex miembro de la Dirección Nacional Sandinista, después de haber ocupado el Ministerio de la Defensa con el gobierno del FSLN, después del triunfo de la Revolución y hasta mediados de los 90, con el gobierno civil de Violeta Barrios viuda de Chamorro, ahora con rango de general, Humberto Ortega Saavedra rompe el silencio que había mantenido en los últimos años, para declarar a la cadena de televisión estadounidense CNN, que su hermano Daniel es el principal responsable de los graves acontecimientos que desestabilizan a Nicaragua.

El ex guerrillero que fuese catalogado en su momento como terrorista por los gobiernos de James Carter Anastasio Somoza Debayle, reconocería el pasado jueves 27 de julio, que “el Estado que tiene un Gobierno, debió haber sabido controlar las manifestaciones públicas que en su consideración alteraban la Ley”.

Contrario a las afirmaciones de su hermano y de su esposa, que han atribuido el movimiento anti gubernamental a “grupos terroristas que pretenden derrocarlos”, el ex jefe del Ejército Nacional subrayaría que “la forma en que fueron reprimidas las protestas pacíficas, han demostrado que el Gobierno no supo manejar esa situación y lleva la carga fundamental de la responsabilidad de toda esta situación represiva que se vivió y que ha causado tantas muertes acá en Nicaragua”.

Severo en su enjuiciamiento, Humberto enviaría  un mensaje crítico a la pareja que gobierna el país: “Aquí no podemos aceptar que haya tres cuerpos armados en Nicaragua: parapoliciales o paramilitares, Policía y Ejército. El Gobierno no puede legitimar irregulares armados y el Ejército de Nicaragua no puede tolerar esta situación y debe hablar con Daniel Ortega para controlar esta situación irregular”.

Humberto, que de 1979 a 1989 formó parte del mando conjunto de nueve comandantes de la Dirección del FSLN, que gobernaron Nicaragua, junto con su hermano Daniel, el mexicano Víctor Tirado López, Henry Ruiz, Tomás Borge, Carlos Núñez, Luis Carrión, Jaime Wheelock y Bayardo Arce, se manifestaría a favor del desarme de los grupos clandestinos, dentro del mecanismo del Diálogo Nacional, que en su opinión debe seguir siendo mediado por la Conferencia Episcopal, al que deberá integrarse como garante de los acuerdos, la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que los obispos no tienen esa capacidad.

Se sumaría, sin embargo, a la posición de su hermano Presidente, de descalificar al clero como factor clave para la pacificación del país. En su discurso del aniversario de la Revolución Sandinista, el pasado jueves 19 de julio, el mandatario acusaría a los obispos de Nicaragua, de encabezar un movimiento que pretende dar un golpe de Estado a su gobierno. “Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas”.

Daniel y su cónyuge Rosario, han estado detrás de la escalada de violencia que ha alcanzado no solamente a los líderes de la Iglesia Católica nicaragüense, sino hasta el mismo representante del Papa Francisco, el pasado 9 de julio, en la Basílica de San Sebastian, en Diriamba, Carazo.

Respuesta popular de repudio al gobierno por la agresión a sus pastores religiosos, que haría volver a las calles a miles, por la mañana del sábado 28, en Managua, para protestar pacíficamente, portando mantas en las que se leía “Gracias obispos valientes por estar con el pueblo” o también “Obispos héroes de la paz”, sumando demandas de justicia por los asesinatos cometidos por grupos para militares apoyados por la policía nacional en diversas partes de la geografía nica.

Apoyo total a la Conferencia Episcopal para continuar presidiendo la mesa de Diálogo Nacional, a partir de la crisis iniciada el 19 de abril último, que se mantiene a pesar de la represión que sigue provocando muertes, además de violación de derechos humanos al ser detenidos injustamente decenas de inconformes que se encuentran encarcelados o desaparecidos por las fuerzas gubernamentales.

A diferencia de otras ocasiones en que han participado abiertamente en marchas callejeras, apoyando a la sociedad inconforme, esta vez los 10 integrantes de la cúpula clerical católica nicaragüense, se abstuvieron de estar presente.

Unicamente sería hasta el final de la manifestación que recorrió las calles desde la rotonda Jean Paul Genie hasta la catedral Metropolitana, cuando monseñor Carlos Avilés, daría un mensaje a nombre de los obispos de la Conferencia Episcopal, para ratificar el respaldo de la alta jerarquía católica a la sociedad nacional, con un llamado a no caer en la provocación oficial, ratificando que “los templos siempre van a estar abiertos para todo el que tenga necesidad”.

Contundente discurso con destino al presidente Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa: “Siempre la Iglesia va a ser opción por el diálogo, por la palabra, por hablar, por solucionar los problemas hablando, con uso de razón y no con uso de violencia. Por eso la Iglesia, aunque salga mal trecha o que la critiquen, siempre su opción es por el diálogo, para que las personas se entiendan hablando”.

Un diálogo, por cierto, estancado, luego de que el gobierno incrementó la represión contra las protestas civiles, que y rebasan los 101 días, la cual incluso ha llegado hasta jóvenes médicos de hospitales de diversas parte del país, que han sido cesados por haber atendido a jóvenes, adolescentes y niños heridos por las balas de los grupos paramilitares.

Un detalle muy importante en esta crisis que se agrava conforme pasan los días, es el incumplimiento de la

mayoría de los acuerdos del Diálogo Nacional (12 de 15), por parte del gobierno sandinista, desde que se instaló la mesa de negociación el pasado 16 de mayo, en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendaría el cese de la represión, desarticulación de los grupos armados protegidos por la policía y la democratización del país, entre las más importantes.

El presidente Ortega Saavedra se ha abstenido de responder a la petición de los obispos, en el sentido de adelantar a marzo de 2019, las elecciones nacionales, lo cual fomenta el enojo ciudadanos, que se traduce en mayor número de manifestaciones que demandan la salida del poder del ex comandante del FSLN, por considerar que encabeza un gobierno autoritario y dictatorial.

Mientras, la historia del genocidio en Nicaragua, continúa como en el pasado de siempre vuelto presente, en el que el pueblo pone los muertos y Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, las balas. Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.

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